"Los sistemas de justicia son bastante parecidos en Latinoamérica, entonces lo que funciona en México probablemente nos pueda funcionar acá"

Paola Muñoz Vargas

Por: Camila Molina Vargas y Bruna Antelo

Declaraciones del gobierno… el ‘Estado Laico’, favoritismos y desprecios, la Ley de Alquileres, “la propiedad privada se ve afectada”

Durante los últimos días nos hemos sometido a enterarnos sobre distintos pronunciamientos que el gobierno declaro respecto a la cuarentena y la crisis sanitaria del COVID-19. Esta vez adentrándose en temas que muchos llamarían tanto privados como públicos como es llamar a actuar en referente de una religión o la propiedad privada como es el contrato de un alquiler. 

Para contar con un puno de vista diferente consultamos a la opinión de una abogada de oficio, Paola Muñoz Vargas, con mucha experiencia en el campo del derecho, maestría en criminología y justicia penal en Inglaterra, defensora de los derechos humanos y actual coordinadora de la Fundación Construir.

Estado laico

- ¿Respecto a recientes manifestaciones de la presidente, ella convocó a hacer “oración y ayuno”, de qué forma este proceder estaría violando derechos de las personas a partir de la declaración que implica que todos tenemos derecho de ejercer una crecía sin interferencia del estado?

Yo creo que es importante destacar, ¿Qué es un estado laico? Es un estado al cual pertenecen todas las creencias y religiones; no hay religiones que sean más importantes que otras y en ese sentido se apertura la libertad de conciencia que esto significa que todos podemos ejercer una religión y una creencia distinta. Si la mayoría de la población es de la religión X, en un estado laico, yo no me tengo que sujetar de esa religión. 

Bolivia es un estado particular porque a pesar de ser un estado laico, existen ciertas medidas y políticas públicas que no se enmarcan en este artículo de la constitución, un ejemplo son los feriados religiosos que pertenecen a la parte católica. No es malo que tengamos feriados religiosos, si no que al favorecer a cierta religión estas prestando menos atención a unas y estas despreciando a muchas otras. ¿Qué pasa si en el estado boliviano tenemos musulmanes o budistas? ¿Qué pasa con sus feriados? 

En el momento en el que una autoridad o cualquier persona quiere ejercer su religión, esto pertenece a un ámbito privado, pues en un estado laico podemos practicar cualquier religión haciéndolo desde la comodidad de nuestras casas, en la intimidad de los espacios que están destinados a esto, ya sean sinagogas, iglesias, etc. No se puede privilegiar a ninguna religión en el uso de la opinión pública y mucho menos de los bienes del estado o al momento de diseñar políticas públicas.

Cuando una autoridad se pronuncia a favor o en contra de determinada religión, de alguna forma se está lesionando la convivencia sana, equitativa y pacifica que debería existir, pues en el ejercicio de su función favorece una creencia y desmerece a otras. La posición ideal es la neutral, si decimos que la ley es para todos y luego las autoridades tienen este tipo de actitudes se está vulnerando la libertad de creencias religiosas. En el sentido de generar un espacio de equidad para todos quienes conviven bajo la jurisdicción de estas autoridades, lamentablemente sucede que, en el ejercicio de la función pública, las autoridades son referentes importantes, y cuando una autoridad comete un delito tienen penas más graves que el ciudadano por tener esa capacidad sobre los ciudadanos, de influir. Entonces si yo antepongo mis creencias religiosas como referentes al resto de la población, esta puede adquirir estos referentes morales. La religión no puede direccionar la política pública porque son construcciones que vienen de años y no necesariamente se adecuan a nuestra realidad y una vez más estaríamos lesionando el derecho de personas que no se sienten identificadas con la religión que se está beneficiando. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ateos? Se está perjudicando su derecho laboral en un feriado de Viernes Santo a cumplir con sus labores cotidianas.

Ley de alquileres

- Sobre la ley de alquileres existen diferentes perspectivas. ¿Consideraría usted que atenta contra el derecho a la propiedad privada o que es indispensable para los arrendatarios que verán sus economías afectadas dada la crisis? 

Creo que por el momento es un proyecto de ley, la Asamblea Legislativa es un cuerpo que merece análisis, y se entiende que en este caso hay dos partes. Si en principio lo vemos de una manera fría, el arrendatario y el tema de alquiler pertenece al ámbito privado, el contrato de por medio es una acción que es ley entre partes de la propiedad privada como tal entonces, la propiedad privada si se vería afectada siendo el estado el que está interviniendo en la administración privada. La segunda cara de esto es la población afectada. Deberían verse medidas de proporcionalidad que puedan proteger a la ciudadanía y una política pública que acompañe esta medida. Esta política pública en vez de condonar tal vez podría generar un mecanismo de pagos que permita a ambas partes honrar el compromiso de contrato.

Esto tendía que analizarse al momento de ser aplicado como toda ley que se aprueba y tiene un reglamento, obviamente las personas que están en el área de derecho civil y de propietario podrán de acuerdo a la necesidad que se presente hacer un recurso de inconstitucionalidad. Hay que ver como escala, no me animaría a dar un punto de vista ni siquiera personal técnico hasta que esta ley pueda ser promulgada con su respectivo reglamento.

- Respecto a la ONG donde trabajas… ¿Qué está haciendo en la organización en la que trabajas? porque vimos que tenían proyectos de informar virtualmente en este caso sobre el acceso a la justicia en la cuarentena.

No estoy en representación de mi oficina porque para hacer eso debería haber pedido autorización a mi jefa para hablar directamente del tema. Pero si, Fundación Construir es un espacio que trabaja con el acceso a los derechos humanos y el acceso a la justicia penal. Lo que se está haciendo un es tener intercambios con autoridades de la región, es decir hemos promovido seminarios y espacios virtuales con autoridades de otros países para identificar como están abordando la justica en esta época. Como se está tratando los procesos que estaban en curso, como se está tratando los procesos que están aperturando a causa del COVID-19. Es decir, me han arrestado y me han iniciado un proceso contra la salud pública en este contexto de la cuarentena y ¿Qué es lo más óptimo? Hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta en cuanto al acceso a la justicia se refiere. Por una parte, está la bioseguridad de los funcionarios públicos. En que tienen que asistir, el transporte, que las medidas de higiene sean necesarias, porque la medida que estos funcionarios tengan, las medidas de seguridad también se va a poder prestar un servicio óptimo. Esto es una cuestión de forma porque, si la jueza o el juez o el actuario está desprotegido también se convierte en un foco de inspección para quienes son usuarios de la justicia. Beneficiarios del sistema de justicia. Entonces en ese sentido como fundación lo que tratamos de hacer siempre es generar espacios en los que se pueda intercambiar las experiencias entre autoridades para que se pueda conversar en este sentido y también intercambiar las lecciones aprendidas, también las buenas prácticas. Los sistemas de justicia son bastante parecidos en Latinoamérica, entonces lo que funciona en México probablemente nos pueda funcionar acá. Y también tiene que ver con prácticas que vayan más allá de presupuesto, que no necesariamente el presupuesto del país este enfocado, ni la justica es una prioridad en el presupuesto del país y mucho menos en esta situación. Entonces estas acciones también tienen que ver con visibilizar posibles medidas que potencialmente podrían transgredir los derechos humanos de las personas en esta situación del COVID-19. El debido proceso por ejemplo si cuando hay una detención, preguntarles a las autoridades cual es este procedimiento hoy en día en la cuarentena. Si se los declara culpables es porque hay un proceso abreviado, pero porque será ese un proceso abreviado. El proceso abreviado es un espacio en el cual yo me ahorro todo el juicio que generalmente dura años, pero para ahorrarme todo el juicio yo tengo que declararme culpable en una de las primeras audiencias. Entonces muchas veces estos procedimientos abreviados se han dado en un contexto hostil, en el cual yo puedo haber sido amenazado por el fiscal o tal vez por mi abogado que ha tenido una negociación a escondidas mías con el fiscal y me ha presionado porque tal vez lo mejor para mí era declararme culpable desde la perspectiva de estas otras personas. Entonces la idea es un poco analizar en el día a día en que es lo que se está dando y también entender un poco de otro lado las autoridades que como les decía no siempre tienen todas las condiciones.

La religión no puede direccionar la política pública porque son construcciones que vienen de años y no necesariamente se adecuan a nuestra realidad